María José Sánchez/Corresponsal
Tapachula, Chiapas.- El estado mexicano sigue sin dar respuesta ante una grave crisis de derechos humanos que persisten el país, en la cual se inserta la crisis de las personas migrantes que transitan por un camino de violencia en México, precisó la secretaria técnica de la Red de Documentación de las Organizaciones de Migrantes (Redodem), Elizabeth Figueroa Ruiz.
Durante su participación en la presentación del informe “Migrantes en México: recorriendo un camino de violencia”, donde estuvo acompañada de Conrado Bonifacio Zepeda Miramontes y de Arturo González González, de Servicio Jesuitas a Migrantes, destacó que la política migratoria en México opera bajo una perspectiva centrada inamoviblemente en la seguridad nacional y regional, presionado por el exterior, lo que ha generado una militarización de todo el territorio, impulsando una estrategia de persecución, violencia y miedo como mecanismos disuasivos y perversos contra los migrantes y sus familias.
Teniendo como sede las instalaciones de la Pastoral de Movilidad Humana de la Diócesis de Tapachula a cargo del presbítero César Augusto Cañaveral Pérez, indicó que las personas migrantes que fueron víctimas o testigos de la comisión de algún delito reportaron que los agresores fueron pandillas, agentes del estado, crimen organizado y seguridad privada del tren.
Figueroa Ruiz manifestó que Chiapas ocupa el primer lugar en los eventos delictivos hacia los migrantes, seguido de Oaxaca, Veracruz y Tabasco.
De 12 mil 951 solicitudes de protección internacional en México, de personas provenientes de Centroamérica, solamente fueron reconocidos como refugiados o se les otorgó protección complementaria al 35.5% de los peticionarios, mientras que cerca de 3 de cada 10 personas no concluyeron el procedimiento.