• Incumplen autoridades sentencia por la invasión que ya tiene 15 años.
María José Sánchez/Corresponsal
Huixtla.- En días pasados, el actuario del Tribunal Agrario de Tapachula, acompañado de una representante de los derechos humanos y el delegado de gobierno, Ramiro Hernández, se dieron cita en la comunidad Altamira, para proceder con la sentencia emitida por el Tribunal Agrario en el expediente 165/2006.
En dicha sentencia se ordenó el desalojo de las tres propiedades invadidas por un grupo de campesinos, cuyos afectados son la profesora Flor Marlene Esquinca Gutiérrez, el licenciado Manuel Esquinca Santibáñez, y el grupo campesino Simón Bolívar.
Sin embargo, por los pocos elementos que llevó la Policía Sectorial a cargo del comandante Leonel Pineda Alfaro no se dieron las condiciones para tal diligencia, toda vez que le pidieron 300 agentes y solo llevaba a 30 y menos cuando para ello los invasores de Altamira colocaron a mujeres y niños adelante para evitar el desalojo de las más de 800 hectáreas que fueron despojadas a sus legítimos propietarios hace más de 15 años.
Se asentó en el acta que a este desalojo que está ordenado por una autoridad federal, se unió el señor Heyman Vázquez Medina y José Antonio Montes Lara, Aarón López Tovilla, los dos primeros no son ni siquiera integrantes del grupo sino que acudieron hasta esa comunidad para apoyar a los invasores llevando a otros campesinos más para evitar no fueran desalojados.
Ante esta situación las autoridades encargadas del desalojo se retiraron, pero los abogados, entre ellos el licenciado Raúl Martínez Esquinca, señalaron que los predios llevan invadidos más de 15 años, tiempo en los que la autoridad no ha querido hacer justicia, más cuando al grupo invasor se le ofreció una porción de las hectáreas para que ahí vivan y tengan un espacio para poder cultivar, pero estos se negaron. Además que esos predios cada año se inundan, pero aun así los lugareños se niegan a retirarse a pesar que ponen en riesgo a sus familias.
Más adelante el abogado dijo que se aprecia por parte de las autoridades la apatía para cumplir con una sentencia, sobre todo cuando la Policía Sectorial cada vez que se le ordena que se presente con los elementos suficientes apenas lleva 30 agentes, pero ellos informan ante los mandos superiores que acudieron con 300, lo que no es cierto. Incluso se ha pedido apoyo a la policía federal pero tampoco se ve el deseo de que se aplique la ley. Ante tal situación, dijeron que interpondrán sus denuncias legales correspondencias para buscar se cumpla con la sentencia.
Fotos: Cancelan Desalojo.- Personas sindicadas de llevar a campesinos de otras comunicades para evitar el desalojo de “Altamira”.
