María José Sánchez/Corresponsal
Tapachula.- El Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración (CCINM) destacó que existe una práctica sistemática de verificación y privación de libertad de personas que carecen de documentación migratoria regular en todo el país, que se materializan en operativos constantes realizados por el INM y otros cuerpos de seguridad.
“En cuanto a la base legal para la detención o aseguramiento de personas migrantes indocumentadas, encontramos lagunas legales en el procedimiento. En los más de 100 expedientes revisados, el fundamento legal de la detención fue la mera referencia a la Ley de Migración y su Reglamento, sin referencia expresa a circunstancias concretas o criterios que llevaron a la verificación de una persona u otra. No existe revisión de estas actuaciones de ninguna autoridad ajena a la migratoria entre el momento de la interceptación de la persona y su posterior puesta a disposición en un centro de detención”, indicó Pérez de Eulate.
Precisó que en todos los centros visitados encontraron que el procedimiento administrativo migratorio está orientado prioritariamente a la deportación o retorno. La mayoría de los 122 entrevistados dijo no haber recibido información, no haberla entendido o haber recibido un mensaje implícito de no tener posibilidad de permanecer en México, aún en los casos de víctimas de delito grave en México y aquellas en necesidad de protección internacional.
En la rueda de prensa en la que estuvo acompañado de Salvador Lacruz, del área de Incidencia del Fray Matías de Córdova, se informó que la mayoría de las personas detenidas desconocía sus derechos y no tenía conocimiento de los procedimientos, plazos, posibilidades, alternativas y los efectos en su persona. Tal desconocimiento era causa de gran ansiedad.
En cuanto a las condiciones en los centros de detención, la revisión del SICATEM confirmó que el hacinamiento es una constante, particularmente en los concentradores. Por otro lado, el sistema de resguardo de pertenencias personales no es fiable ni eficiente para los detenidos, dada la recurrencia de robos y extorsiones por medio de la extracción de sus teléfonos celulares.
Respecto a la salud mental, la mayoría de los detenidos presentó algún nivel de ansiedad y de depresión, más del 30% en un nivel crítico. El inicio o agudización de los síntomas se relacionan con la experiencia vivida durante el operativo de control, la violencia en su país o en México y las condiciones de la detención, incluyendo la falta de información.
Un problema generalizado es la falta de protocolos de actuación del personal médico y psicológico, lo que impide la detección de enfermos, en particular víctimas de delito, violencia sexual o de tortura. Encontramos insuficiente personal médico (en relación al número de detenidos), falta de equipamiento y abastecimiento de materiales y medicamentos en la mayoría de los consultorios médicos, agregó el director del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.