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Régulo Palomeque Sánchez, presidió curso a jueces rurales sobre juicios orales

Huixtla, Chiapas.-(COCOSO).-el presidente municipal Régulo Palomeque Sánchez, presidió el curso taller de sensibilización del Nuevo Sistema de Justicia Penal, impartido a jueces rurales de las comunidades de la zona alta y baja del municipio, el cual se realizó al medio de día de este marte en el auditorio de la Casa de Cultura, donde también estuvieron presentes el secretario municipal Alfredo Galarse Miranda, el regidor comisionado en seguridad Ramón Vázquez Canizalez y Carlos Alberto López Gómez.

capacitan juecesAhí el alcalde municipal Régulo Palomeque Sánchez, agradeció la presencia de los jueces rurales como a la Licenciada Zelmira Perla del Rosario Gutiérrez Beltrán, añadiendo que para su gobierno es importante que los jueces o agentes rurales sean capacitados en este nuevo sistema penal, ya que de esta manera tendrán el pleno conocimiento sobre los juicios orales y para el buen desempeño de sus funciones.

Dicho curso fue impartido por la Lic. Zelmira Perla Gutiérrez Beltrán, jueza de control de los nuevos juicios orales, quien dio a conocer que El 18 de junio de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que sienta las bases para el establecimiento de un nuevo sistema de justicia penal en México.

El Constituyente Permanente propuso un sistema en el que se respeten los derechos tanto de la víctima y ofendido, como del imputado, partiendo de la presunción de inocencia para este último, lo cual fortalece el debido proceso y el pleno respeto a los derechos humanos de todas y todos aquellos involucrados en una investigación o procedimiento penal.

La funcionaria detalló que el nuevo sistema de justicia se basa, en un sistema acusatorio-adversarial donde el juez decide de manera imparcial, frente a las solicitudes de los intervinientes; En que los conflictos jurídicos relevantes se resuelven en audiencias orales, públicas y contradictorias.

Y además añadió que “entre otras tenemos que se elevó a rango constitucional de manera explícita la presunción de inocencia y se colocó a los derechos humanos en el centro del proceso penal. También se previó el desarrollo de la investigación hacia un modelo más ágil y efectivo por parte de la Institución del Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares directos, las policías y los servicios periciales”.

“Por parte de la víctima, se pretende lograr una efectiva reparación del daño a su favor, brindarle protección ante posibles represalias de la persona imputada y asegurar su participación en el juicio directamente para hacer valer sus derechos e impugnar resoluciones. El imputado también tendrá garantías para su defensa, tales como enfrentar el proceso en igualdad de condiciones con la parte acusadora, para argumentar y presentar datos y elementos probatorios, asesorado por un defensor y en presencia de un juez”. Concluyó.

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